Art. 47 de la C.E. “No tendrás nada y serás feliz”. Artículo de opinión de Juan C. Carrillo.

     El artículo 47 de la Constitución Española nos recuerda a los españoles que tenemos derecho a una vivienda digna y los poderes públicos, tienen la obligación de promover las condiciones necesarias para hacerlo efectivo pero los padrinos de la Constitución han engañado a muchos españoles. Primero porque es un derecho social en sentido estricto y no se puede reclamar su cumplimiento ante los tribunales de justicia. Consecuencia de lo anterior, el art. 47 actúa como un mandato a los poderes públicos como principio rector y los principios rectores solo son máximas que deben inspirar unas actuaciones. El segundo aspecto de este “derecho” se centra en la regulación para su cumplimiento que ante la pluralidad de entes competentes Comunidades Autónomas, Estado, municipios y la propia U.E. Han hecho casi imposible, poner un ladrillo de viviendas protegidas en los últimos 30 años. 

El art. 47 CE supuso para algunos una auténtica “novedad” dentro del constitucionalismo pero este ancla su origen en el art. 31 del Fuero de los Españoles del año 1945 ("El Estado facilitará a todos los españoles el acceso.... al hogar familiar...") y en la Declaración XII,2, del Fuero del Trabajo ("El Estado asume la tarea de multiplicar y hacer asequibles a todos los españoles las formas de propiedad ligadas vitalmente a la persona humana: el hogar familiar...."). Aquella política social de vivienda se plasmó, en base a estadísticas oficiales, en un nivel de construcción que hoy nos podría parecer increíble. 

     La primera ley de viviendas protegidas del Instituto Nacional de la Vivienda (INV) y la Obra Sindical del Hogar, llegó en 1939 de la mano de los falangistas y su Plan Nacional de Ordenación y Reconstrucción, apostando por construir barrios que superasen las barreras de clase. Pedro Muguruza –arquitecto (suyo es el Palacio de la Prensa en la Gran Vía madrileña), agitador falangista y primer director general de Arquitectura– cargó durante esos años contra la especulación urbanística burguesa y su gusto por hacer negocios a costa de la vivienda humilde. Pero los ambiciosos planes sociales falangistas chocaron con la realidad de la posguerra: más de 800.000 madrileños vivían en chabolas y similares en 1940 y solo fueron capaces de edificar 4.198 viviendas en la ciudad entre 1940 y 1944. Los años cuarenta fueron una década perdida para el INV, lastrado tanto por la escasez de recursos (financiación, materiales) como por la falta de coordinación entre los diversos estamentos arquitectónicos y urbanísticos del régimen –Dirección General de Arquitectura, Dirección General de Regiones Devastadas, Instituto Nacional de Vivienda, Obra Sindical del Hogar, etc.– cuyos planes de ordenación y reconstrucción –lanzados desde diferentes ministerios (Gobernación, Trabajo, etc.)– chocaban y se contradecían muchas veces. No fue hasta mitad de los cincuenta cuando el INV –incapaz de solucionar la escasez de vivienda digna hasta entonces– empezó a tener una influencia de peso a nivel nacional. 

La Ley de Viviendas de Renta Limitada de 1954 –a la que aluden algunas de las placas de las viviendas del yugo y las flechas– puso límites a los precios de las casas y la vez, impulsó la creación de viviendas de protección oficial (VPO); pero comenzó a limar el discurso arquitectónico falangista de los años cuarenta, al dar luz verde a la construcción de bloques en altura, que la Obra Sindical del Hogar había tachado años antes de "calabozos" y "colmenas" que alienaban a los obreros. El supuesto momento de gloria del urbanismo falangista, escondía en realidad su decadencia política dentro del régimen. En febrero de 1957 se crea el ministerio de la vivienda pero esto, no supuso un impulso del urbanismo social de los falangistas, sino más bien lo contrario:la vivienda y el suelo se liberalizaron, los propietarios sustituyeron a los inquilinos y las inmobiliarias (y no los teóricos falangistas) comenzaron a decidir en última instancia cómo debían planificarse las ciudades. 

En contexto histórico: el régimen había pasado de la autarquía a la liberalización, y de los agitadores falangistas a los tecnócratas del Opus. La nueva política radicaba en entregar a la iniciativa privada las herramientas jurídicas y financieras para desarrollar la construcción de vivienda social. Esta nueva política derivó en una arquitectura especulativa que favorecía la construcción en torre (viviendas de hasta 13 alturas), frente a la política de poblados y el reparto del terreno en viviendas unifamiliares que preconizaban los falangistas más revolucionarios. La Ley del Suelo de 1956, supera el concepto localista (en buena parte ordenanzas municipales) para abordar la planificación de la política urbanística a nivel nacional. Pero con todo ello, en mayo de 1959 el ministro falangista de la vivienda, D. José Luis de Arrese, declaraba: "No queremos una España de proletarios sino de propietarios". "Aspiramos a que la vivienda sea del que la vive y que de la "renta limitada" pasemos al ideal de la "venta limitada”. 

En su Plan de Urgencia Social de 1957, Arrese definía que los pisos tenían que contar con un mínimo de seis piezas: "Vestíbulo-comedor-estar, tres dormitorios, cuarto de baño y cocina, desaparición de los patios cerrados o de vecindad, que todas y cada una de las piezas habitables tuvieran luz directa a las zonas exteriores y que se fomentaran las terrazas, una de espacio ajardinado y otra destinada al fregadero y al lavado y tendido de la ropa". Para entonces todo era comprar, porque la oferta de alquiler era totalmente inexistente. Lo que había ocurrido es que en cuestión de dos décadas, siguiendo las directrices de una máxima atribuida a Franco: "Un propietario más, un comunista menos", España se había convertido, de forma atípica, en un país netamente de propietarios, a diferencia del resto de Europa. Continuaría después. No en vano, desde poco después de acabada la guerra civil, se habían congelado las rentas de los alquileres, arruinando a los caseros propietarios, destruyendo la oferta de alquiler, degradando el valor las fincas urbanas y disparando la propiedad, que era un objetivo falangista. 

Entre 1961 y 1973, se construyeron en España 3.347.768 viviendas, que se ampliaron a 358.460 en 1974 y a 374.391 en 1975. En total, en esos catorce años, se levantaron 4.080.619 viviendas, lo que quiere decir que, al menos en los últimos, se superó la cifra de mil viviendas terminadas y entregadas por día. El modelo funcionaba aunque tuviera tintes más capitalistas que joseatonianos y así, en la década de los 80, si aquellos socialista del PSOE, insistían en una de las políticas de vivienda nacidas en las mismas entrañas del franquismo que había moldeado a la sociedad y que ya eran difíciles de cambiar. Entre 1981 y 2022, solo se han construido alrededor de 2,4 millones de VPO y su descalificación y paso a viviendas libres fue reduciendo su alcance social. 

El Plan Estatal de Vivienda del periodo 2009-2012, fue el último que estableció una garantía de financiación crediticia de las VPO. La crisis financiera, la desaparición del Crédito Oficial y la caída de las Cajas de Ahorros, entidades de crédito que financiaban las VPO sin ánimo de lucro y que fueron arruinadas por los partidos políticos y sindicatos afines. Acabó con los créditos previstos y provocó una fuerte reducción de los proyectos de VPO en el bienio de 2011-2012 y así, hasta la actualidad. 

Aparte de lo anterior y tras más de 20 años de disputas competenciales, la Ley del Suelo de 2007 se centrará en respetar las competencias exclusivas de las CC.AA. y abandona definitivamente, el sesgo con el que el legislador estatal venía abordando el estatuto de los derechos subjetivos afectados por el urbanismo. A partir de este momento, los derechos constitucionales afectados serán también otros. El de participación ciudadana en los asuntos públicos, el de libre empresa, el derecho a un medio ambiente adecuado y, sobre todo, el derecho a una vivienda digna y adecuada, al que la propia Constitución vincula directamente con la regulación de los usos del suelo en su artículo 47.

Finalmente, la Ley del Suelo de 2007 trataría de responder a los requerimientos de un “desarrollo sostenible”, minimizando el impacto del crecimiento urbano en consonancia con las acciones y políticas de la Unión Europea, recogidas fundamentalmente en la Estrategia Territorial Europea y en la Comunicación de la Comisión sobre una Estrategia Temática para el Medio Ambiente, ambas de 2004. Esto, sí creemos algunos que se ha conseguido. No se financia vivienda por parte del Estado, se construye menos y solucionado, conseguido el objetivo de “desarrollo sostenible”. Para 2009 el total de VPO ascendió a 53.332 y la previsión para 2023 fue de menos de 7.000 viviendas. Es de destacar que las escasas viviendas protegidas que se han promovido después de 2012 se han concentrado en un número reducido de comunidades autónomas (Madrid, País Vasco y Cataluña), existiendo un amplio número de comunidades en las que apenas si se ha promovido la VPO.

Los tres planes posteriores de vivienda al de 2009 (2013-17, 2018-21 y 2022-25) ya no establecen un mecanismo de financiación crediticia ni se incluyen objetivos de VPO a construir. De forma paralela se redujo en dicho periodo el alcance de los gastos de vivienda en los Presupuestos Generales del Estado a la vez que se limitaban las deducciones impositivas por compra. El gasto citado alcanza su nivel más significativo en los Presupuestos de 2022 y 2023 gracias a las ayudas de los fondos Next Generation.

El vigente Plan 2022-2025, continua como en 2018-21 y pretende facilitar el acceso a la vivienda mediante ayudas al alquiler a ciudadanos vulnerables, cuando la inmensa mayoría de españoles prefiere comprar una vivienda y tener una inversión para el futuro pero no pueden. En la actualidad solo hay ayudas destinadas a propiciar un mayor parque de viviendas sociales de alquiler, mediante subvenciones a promotores y a adquirentes de viviendas con alquileres asequibles. Pero la ausencia de mecanismos de financiación de las nuevas promociones de VPO, también es la causa del fuerte descenso desde 2012. Según el Banco de España en 2011 la cifra de jóvenes de menos de 35 años que podían comprar vivienda era del 70% para 2020, el 36% y así hemos llegado al actual callejón sin salida para millones de españoles por la subida de precios ante la demanda, las condiciones bancarias, los bajos salarios y el coste de la vida. No pueden comprar una vivienda y alquilarla, tampoco, porque omo no se ha construido en los últimos año no hay suficientes y se pide mucho o han salido del mercado por la inseguridad jurídica reinante.      

En nuestra región no existe ni Plan de Vivienda Regional, tal y como obliga la ley 6/2015 art.7 de vivienda de la Región de Murcia. Los Planes Estatales de Vivienda (PEV) de pésima gestión por parte del Gobierno Regional, en el PEV 2018-2021, de los 79,7 millones de dotación total la CARM aportó 17,6 millones (22%); mientras, en el PEV 2022-2025, la aportación regional bajó al 12% (6,3 millones) y solo para financiar dos de los doce programas del plan; ninguno de ellos relacionado con ayudas al alquiler, ayudas a jóvenes o promoción de vivienda pública. Pero es que la gestión presupuestaria de estos planes, en la ejecución del programa de gasto 431A (capítulos 4 y 7) que recoge la casi totalidad de los presupuestos de los PEV, estos se suelen mover entre un 13% y el 18%, salvo en 2024 que alcanzó el 44%. Resumiendo, la política de vivienda en la Región de Murcia se traduce en 23 viviendas de promoción pública certificadas en la última década, ninguna de ellas en la anterior legislatura, y 292 calificadas de VPO 193 y 92, respectivamente, en las dos últimas legislaturas.

El 15 de enero de 2025 el Gobierno regional anunciaba un “nuevo modelo” de construcción denominado “Vivienda Asequible de la Región de Murcia”. López Miras informó: “hemos detectado un total de 63 solares públicos en los que se podrían construir ya 1.634 viviendas asequibles. Además, los municipios disponen de suelo pendiente de gestión urbanística donde se podrían levantar más de 10.000 viviendas asequibles”. Esta modalidad pretende que haya limitaciones de precio para compradores, y su tramitación, dicen, será más ágil que la de la vivienda protegida tradicional, al eliminarse la calificación. Acabaron con la VPO en Murcia y ahora se centrarán con recursos públicos, en construir a precios “asequibles” sin control de organismos superiores. ¿Qué puede salir mal? La última vez que los políticos jugaron a promotores solo se cargaron el crédito oficial para la compra de VPO que las cajas de ahorros venían proporcionando y las propias cajas.

A raíz de ser conocedores del novedoso “nuevo modelo” de construcción se elevaron al pleno de enero de 2025 preguntas ante la situación y los precios de la vivienda en el municipio. Primero, no tienen perspectivas desde el Ayuntamiento de hacer absolutamente nada. Que “la cosa está muy mal en Totana y en toda España”. Segundo, que desconocían a la fecha, los planes del Presidente López Miras para construir viviendas a precios asequibles y no sabían nada sobre eso de aportar solares públicos.      

El simple hecho de reclamar VPO en régimen de compra para cubrir ese “derecho” que muchos compatriotas demandan por vivir en caravanas o en auténticos zulos, pagando rentas de alquiler equivalentes al pago de dos hipotecas mensuales, es una reclamación muy alejada del modelo económico liberal imperante y de los supuestos gobiernos de izquierdas “progresistas”. Han conseguido, entre todos, que parezca algo arcaico, rancio, especulador y “fascistoide”, esto de aspirar a tener un hogar digno en propiedad. La “moda” es alquilar, no tener nada y ser feliz. Y así, terminarán también acabando con la sanidad o la educación públicas. Porque el “no tendrás nada y serás feliz” de la Agenda 2030 por razonable extensión del planteamiento, irá acabando también con los servicios públicos para que terminen en las manos de empresas privadas que nos arrendarán esos mismo servicios. Eso si de forma “verde, sostenible y resiliente”. Y me parece que a mucho de ustedes, les están volviendo a engañar los mismos del principio de mis comentarios pero con otros argumentos, ante su manifiesta inutilidad gobernando.

     Si este es el modelo de Estado social y de bienestar que nos quieren imponer desde la U.E. y desde los partidos políticos “constitucionalistas” acomodado a sus intereses y que olvidaron los intereses de los españoles hace décadas. Personalmente, se lo pueden meter por donde les quepa a todos esos partidos, incluidos los de derechas, junto a su antisocial constitución y sus antidemocráticas listas de partido cerradas y bloqueadas.

     Y, si alguien ha entendido por mis palabras que defiendo cualquier tipo de régimen autoritario como hacen otros “demócratas”, está muy equivocado.