La deuda de la Región de Murcia se ha disparado hasta un máximo histórico de 14.019 millones de euros al cierre de 2025 (unos 8.730 euros por habitante). Aparte de la deuda local que soportamos.
La Región de Murcia se constituyó como Comunidad Autónoma en 1982. El volumen de deuda comenzó su escalada acelerada, pasando de apenas 755 millones en 2008 a superar la barrera de los 2.100 millones tan solo dos años después, coincidiendo con la crisis financiera y la crisis de las administraciones públicas, la deuda autonómica continuó un ciclo de crecimiento imparable, acercándose peligrosamente a los 10.000 millones de euros en la segunda mitad de la década, convirtiendo a Murcia en una de las comunidades más endeudada.
Adolfo Suarez pensaba que si el problema vasco y catalán no se resolvía sería muy difícil que la democracia prosperara, y sobre la macha, se inventaron el Estado de las Autonomías, un Estado entre el centralismo imperante y el, casi, federalismo. Lo que les llevó a crear el Título VIII de la Constitución. Es decir, las dos vías de acceso a las autonomías, la del artículo 143 o "vía lenta" y la del 151 o "vía rápida". Donde Adolfo Suarez creía que iba a triunfar con ese Estado autonómico, fue precisamente donde fracasó más estrepitosamente.
La vía excepcional fue la del 151, se concibió para que vascos y catalanes, principalmente, resolviesen sus estatutos lo antes posible. La normal, para aquellos que quisiesen acceder a su autonomía, era la del 143 con la intención de que llegasen al mismo techo competencial que vascos y catalanes. Cuando empezaron a desarrollarse las dos vías, la oposición fue tan radical y tan demagógica, que a pesar de haber redactado y firmado dichos artículos del Título VIII en el “período constituyente”, no admitían que las demás autonomías accedieran por el artículo 143, pues decían que eran autonomías de segunda. ¿Castilla o Aragón, “autonomías de segunda”? ¡Botarates!
Azaña, ya percibió la calidad no muy alta de sus correligionarios pero no se desanimaba. Desde el primer momento les miró con una mezcla de condescendencia e irritación. A los militares republicanos los trata en ocasiones de botarates, y no mejor a los partidos. Así describe el III Congreso Nacional del Partido Republicano Radical Socialista (PRRS) celebrado en junio de 1933, que transcurría en medio de continuas trifulcas y amenazas de unos y otros políticos de destapar corruptelas y de escindirse (y se escindiría, en efecto): “Llevan tres días, mañana, tarde y noche, desgañitándose. Y lo grave del caso es que de allí puede salir una revolución que cambie la política de la república”. Se descubrió que los delegados de Murcia iban con representación de miles de votos inexistentes, pero después de mucho escándalo, se les admitió ante la amenaza de los murcianos de “destapar” otros asuntos de los escandalizados. Y por fin, “después de tan feroces discusiones, se han echado a llorar oyendo el discurso de Domingo; se han abrazado y besado, han gritado… Gente impresionable, ligera, sentimental y de poca chaveta. Están redactando una propuesta que podrán votar todos, y hasta otra”.
La Región de Murcia histórica (heredera del antiguo Reino de Murcia) comprendía tanto la provincia de Murcia como la de Albacete, sumando en conjunto más de 26.000 km² y perdió casi la mitad de su territorio durante el proceso autonómico, ya que se redujo en unos 14.900 km² cuando la provincia de Albacete, que históricamente formaba parte de la región murciana, decidió integrarse en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha en 1978.
La situación se fue tanto de las manos que derivó en el famoso «golpe de timón» expresión utilizada por el expresidente de la Generalitat, Josep Tarradellas, a partir de 1979 para exigir un cambio de rumbo urgente en la política española y catalana. Tarradellas, una figura clave en la Transición, utilizó este término para advertir contra lo que consideraba un caos institucional, el aumento del terrorismo, la crisis económica y el descontrol en la creación de las autonomías. Ya en sus entrevistas de 1981, alertaba de que la deriva nacionalista y el exceso de burocracia terminarían siendo insoportables para la economía y la sociedad y pedía un ejecutivo fuerte de unidad nacional que uniera a las dos Españas. Si a este cambalache territorial le sumamos la nefasta ley electoral, hecha a medida de los partidos políticos y las minorías separatistas mediante la cual no elegimos a nadie y la separación de poderes ha ido siendo laminada muy “democráticamente”, hemos llegado en los últimos años, mucho más allá de los temores de Tarradellas. Y lo que nos queda por ver no es poco si esto no cambia.
Para el historiador y periodista Jesús Palacios, el golpe de Estado del 23-F no fue para nada una intentona militar involucionista, sino una operación político-institucional diseñada desde las más altas esferas del Estado. Su objetivo real era reconducir el sistema, frenar el terrorismo y frenar el desmembramiento territorial. Los principales líderes del PSOE también conocían y participaron activamente en las negociaciones para forzar la caída de Adolfo Suárez y formar un gobierno de concentración nacional, que era el objetivo político real del golpe del 23-F. La dirigencia comunista (PCE) se mantuvo al margen.
El Estado seudofederal de monarquía de partidos que sufrimos, no acerca más los servicios públicos a los ciudadanos ni estos, nos salen más rentables. En cada autonomía hay unas leyes y un descontrol político total que aprovechan para hacer sus negocios con la sanidad, la educación o cualquier servicio público las empresas o asociaciones más avispadas y cercanas al poder. Son esas que los políticos nos dicen, “que llegan allá donde la administración no puede…” pero no les dicen que todo es causado por la incompetencia política y su dejación total de funciones generalizada, al no querer hacerse responsables de ningún tema verdaderamente serio e importante para nuestras vidas. Porque al final de todo este lío de las autonomías y gobiernos, nadie es responsable de nada ni nadie se pone de acuerdo con nadie para hacer nada. Todo es una lucha para alcanzar el poder para luego, no hacer nada. Salvo vivir muy bien a costa de todos.
¿Los Ayuntamientos?, los grandes perdedores junto a todos los españoles que aparte de lo suyo, tienen que asumir las llamadas competencias impropias, dinero que debería de pagar por ciertos servicios como la educación el gobierno regional y que corren también por nuestra cuenta nuestra y de los impuestos locales. En Totana, se estiman en unos 3 a 5 millones del presupuesto. Cuando pedía cuentas siendo concejal, no se me daban. Ruina de gestión local más ruina de gestión autonómica, igual a ruina nacional.
Los que pensamos como pensamos. Pesamos que las comunidades autónomas y sus artificiales e inútiles gobiernos, hay que saltarlos por los aires sin contemplaciones y pasar sus competencias en educación, sanidad y todo servicio público básico, a unos ayuntamientos federados en núcleos de población suficientes y por geografía, que les permitan tomar decisiones directas sobre si hay que hacer más o menos hospitales, colegios, etc, de acuerdo a su realidad y sin más interferencias con la debida financiación y una severa fiscalización a nivel nacional. Esto no es centralismo, es pura coherencia y una gestión de recursos efectiva. Y al “problema” de algunos, Vascos y Catalanes, sinceramente, ¡que le vayan dando! El problema lo tenemos todos los españoles que para ellos, somos “españoles de segunda”.
El sistema autonómico es totalmente incompatible con la unidad nacional, una buena gestión de los servicios públicos y de nuestros impuestos, la igualdad entre españoles y una mínima justicia social. Quienes no lo quieran reconocer o son muy estúpidos e ignorantes políticos o viven del sistema. En Murcia, hemos salido perdiendo por todas partes y lo gracioso, es que hasta lo celebramos una vez al año.